Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de reforma jubilatoria impulsado por la oposición, el presidente Javier Milei confirmó que, en caso de ser aprobada en el Senado, la ley será vetada por el Ejecutivo. La advertencia llegó pocas horas después de la votación, a través de un mensaje publicado en la red social X:

“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”, expresó el mandatario.

El proyecto votado este miércoles obtuvo 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Propone un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones —exceptuando regímenes especiales— y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualizaciones automáticas según inflación. También contempla la oficialización por ley de la nueva fórmula de movilidad y mecanismos de financiamiento para cajas provinciales no transferidas.

Desde el oficialismo, tanto el presidente Milei como su equipo económico argumentaron que el paquete aprobado es fiscalmente inviable. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo durante una exposición ante empresarios de ACDE que “el Gobierno va a vetar cualquier ley que ponga en riesgo el superávit fiscal”. Y agregó: “No hay nada sin equilibrio. Ya hicimos recortes, eliminamos fondos fiduciarios y redujimos el gasto público. No vamos a retroceder”.

En ese marco, Francos también señaló que el Ejecutivo enfrenta “una pelea semanal en el Congreso para frenar proyectos con alto costo fiscal”, al tiempo que calificó como “ridículo” tener que maniobrar constantemente para evitar que la oposición consiga quórum.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó esa postura en redes sociales:

“El Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino”.

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el aumento del 7,2% en las jubilaciones implicaría un costo del 0,7% del PBI entre 2025 y 2026, mientras que la suba del bono a $110.000 representaría un 0,26% adicional. Para el Gobierno, ese impacto es incompatible con los objetivos macroeconómicos.

Desde la oposición, en cambio, sostienen que el ajuste lo están pagando los sectores más vulnerables, y que el Estado debe garantizar un ingreso mínimo digno para jubilados y pensionados. También propusieron fuentes alternativas de financiamiento, como la eliminación de exenciones impositivas a directores de empresas, nacionalización de fondos específicos y redirección de recortes aplicados al gasto público.

El debate ahora se traslada al Senado, donde el peronismo necesita tres votos adicionales para alcanzar mayoría. Si logra la aprobación, el texto será girado a la Casa Rosada, que ya advirtió su veto. Para que el Congreso insista en la ley tras un veto presidencial, se requerirá el voto de dos tercios en ambas cámaras, un escenario complejo para la oposición.

El conflicto por la reforma jubilatoria representa mucho más que una disputa presupuestaria: es una prueba de fuego sobre la capacidad del oficialismo para sostener su plan de ajuste y de la oposición para imponer una agenda social en medio de un clima de creciente tensión política y económica.