El Gobierno nacional se encuentra en la recta final para la publicación de un decreto que apunta a una profunda transformación de la estructura estatal en materia de movilidad, tránsito y transporte terrestre. El texto, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, incluye la disolución, fusión y reasignación de funciones de organismos históricos como la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El apuro obedece a que el próximo 8 de julio vencen las facultades delegadas al ministro para llevar adelante esta reestructuración por decreto. Aunque aún no se fijó fecha precisa de publicación, quedan apenas tres días hábiles para oficializar los cambios.

Superposición de funciones

Según trascendió, el Ejecutivo argumenta que muchas de las funciones que hoy cumplen estas entidades están solapadas entre sí o con otras áreas, como la Secretaría de Transporte de la Nación y la Subsecretaría de Transporte Automotor. Por ejemplo, tanto la ANSV como la Comisión Nacional del Tránsito desarrollan tareas de prevención vial, mientras que la CNRT y la Subsecretaría comparten competencias sobre fiscalización de transporte.

El nuevo esquema plantea una absorción de funciones en distintos entes, incluyendo la creación de una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, la reasignación de atribuciones al Ministerio de Economía y un papel central para la Gendarmería Nacional en el control de tránsito.

Gendarmería y el control en rutas

Uno de los puntos más llamativos del decreto es que la Gendarmería Nacional asumirá todas las tareas de fiscalización y control del tránsito terrestre en jurisdicción nacional, incluyendo Áreas de Control Integrado (ACI) y Pasos Internacionales. La medida implica el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que hasta ahora administraba el scoring de licencias, registros de antecedentes y la implementación de políticas de seguridad vial.

Con base en la Ley Nacional de Tránsito (24.449), el Gobierno considera que la estructura operativa de Gendarmería tiene capacidad suficiente para ejecutar estas funciones. Los cursos de seguridad vial y los convenios que estaban bajo la órbita de la ANSV pasarán a ser gestionados por la Secretaría de Transporte.

El fin de Vialidad Nacional

Otro de los cambios trascendentales es la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, que cuenta actualmente con más de 5.300 empleados, de los cuales 1.500 ocupan cargos jerárquicos. Una vez oficializada su eliminación, el Ministerio de Economía o el ente que este designe se encargará de las concesiones de obras e infraestructura vial, así como del cobro y fiscalización de tasas, derechos y aranceles vinculados.

Asimismo, se prevé la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando su competencia exclusivamente al ámbito aeronáutico y dejando de lado el análisis de siniestros automotores y ferroviarios.

En resumen, el paquete de reformas que prepara el Ejecutivo busca concentrar funciones dispersas y suprimir organismos que, según el diagnóstico oficial, duplicaban tareas. El decreto será clave en la nueva arquitectura estatal en materia de transporte, vialidad y control, y su publicación será inminente, con implicancias directas en el funcionamiento de áreas sensibles para la seguridad y conectividad del país.