Por medio del Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada de este martes, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad la ley 27.790, que había sido sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio y que declaraba el estado de emergencia y catástrofe en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, fuertemente golpeados por las inundaciones ocurridas en marzo.

La norma establecía un régimen excepcional por 180 días, incluyendo la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a asistencia, reconstrucción de viviendas, infraestructura y créditos blandos para pymes y damnificados. El proyecto también contemplaba suspensiones de obligaciones contractuales, plazos de gracia para ejecuciones judiciales y coordinación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En los considerandos del decreto, el Gobierno sostuvo que ya se habían instrumentado medidas paliativas, como la implementación del “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, al que, según datos oficiales, se inscribieron más de 37 mil personas, de las cuales el 85,43% ya habría recibido el pago correspondiente.

Respecto a la exclusión de Coronel Rosales, el Ejecutivo argumentó que la zona de aplicación del programa fue delimitada técnicamente por el Servicio Meteorológico Nacional, y que ampliar la asistencia a otras localidades resultaba “de imposible cumplimiento”.

Otro de los fundamentos centrales del veto fue la falta de una fuente de financiamiento explícita para afrontar el gasto previsto por la ley. Según el texto, ello violaría el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, que obliga a indicar el origen de los fondos en cualquier norma que autorice erogaciones no previstas en el presupuesto.

Finalmente, en cuanto al apoyo financiero a las pymes, el Gobierno nacional consideró que el Banco Nación ya posee herramientas y atribuciones suficientes para asistir a los sectores afectados, sin necesidad de crear un nuevo marco legal.

Con esta decisión, el Ejecutivo cerró la vía parlamentaria para declarar la emergencia en la región, ya que el Congreso no podrá insistir con el tratamiento de la ley durante el resto del año legislativo. La medida provocó una fuerte decepción en las comunidades damnificadas, que aguardaban una respuesta institucional más amplia ante los estragos provocados por el fenómeno climático.

Fuente: Ámbito