Este jueves, el Gobierno nacional de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto 366/2025, que oficializa la reforma a la Ley de Migraciones, introduciendo una serie de modificaciones sustanciales previamente anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Entre las medidas destacadas se encuentran el endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, la expulsión de inmigrantes en situación irregular o con antecedentes penales, y nuevos criterios de acceso a servicios públicos como salud y educación para ciudadanos extranjeros.

Acceso a la salud pública

Una de las modificaciones centrales se encuentra en el artículo 8° de la ley, que ahora garantiza que todos los extranjeros, sin importar su estatus migratorio, tendrán acceso a la atención médica en situaciones de emergencia.

Por fuera de estas excepciones, el sistema de salud pública administrado por el Estado nacional restringirá el acceso a quienes no presenten un seguro médico o no paguen previamente por el servicio, salvo los residentes permanentes, quienes podrán acceder en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.

Acceso a la educación

Respecto al sistema educativo, se garantiza que los residentes temporarios, incluso aquellos en condición migratoria irregular, podrán cursar la educación inicial, primaria y secundaria en instituciones públicas y privadas. También podrán acceder a becas ofrecidas por entidades públicas y organismos nacionales e internacionales.

Sin embargo, se habilita a las universidades públicas estatales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, siguiendo la línea de reformas aplicadas al sistema de salud. El acceso a estudios universitarios de grado continuará siendo gratuito únicamente para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente.

Nuevos requisitos de ingreso al país

La reforma establece que los extranjeros podrán ingresar y permanecer en Argentina bajo las categorías de residente permanente, residente temporario o residente transitorio. También se mantiene la figura de residencia precaria, válida por 90 días, pero esta podrá ser revocada si se detecta un uso indebido.

Para ser admitidos en el país, los extranjeros deberán demostrar medios económicos suficientes, no contar con antecedentes penales, presentar una declaración jurada con los motivos del ingreso y poseer un seguro de salud.

Además, si se detecta documentación falsa, Migraciones podrá cancelar la residencia y aplicar una prohibición de ingreso de al menos cinco años. La nueva normativa también establece la pérdida automática de la residencia permanente para quienes hayan sido condenados por delitos dolosos graves, como homicidios, delitos sexuales o contra el orden constitucional, así como condenas mayores a tres años por cualquier delito.

Asimismo, los residentes permanentes podrán perder su estatus si permanecen fuera del país más de un año. Para residentes temporarios, el límite será de seis meses.

Cambios en la naturalización

Finalmente, la reforma introduce cambios importantes en el proceso de naturalización argentina. Los extranjeros mayores de 18 años que hayan vivido al menos dos años consecutivos en el país podrán solicitar la ciudadanía, pero ahora deberán hacerlo ante la Dirección Nacional de Migraciones y no ante un juez federal, como ocurría anteriormente.

Se suma también una nueva vía de acceso a la ciudadanía a través de la inversión relevante en el país, sin importar el tiempo de residencia. Este nuevo mecanismo estará regulado por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado del Ministerio de Economía, que determinará qué inversiones califican. Esta medida toma como referencia programas como el SelectUSA de Estados Unidos, que otorga residencia permanente a quienes invierten alrededor de un millón de dólares.