Con 131 diputados presentes, la oposición logró iniciar una sesión crucial en la Cámara de Diputados para debatir temas sensibles que incomodan al oficialismo: la emergencia en discapacidad, proyectos previsionales y la declaración de emergencia para el Hospital Garrahan. La participación de legisladores cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora y de representantes santiagueños cercanos a Gerardo Zamora, junto a un puñado de radicales, resultó determinante para alcanzar el quorum.

Segundo intento con final diferente

Tras el fallido intento de hace dos semanas, esta vez la jugada política prosperó. Los bloques de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre lograron reunir los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión, que se prevé extensa, con una duración cercana a las 18 horas.

A diferencia de la sesión anterior, en esta ocasión sí asistieron los diputados santiagueños de UP (ausentes anteriormente por demoras en sus vuelos) y los cordobeses referenciados en Llaryora, quienes habían rechazado tratar los nombramientos en la Auditoría General de la Nación (AGN). Justamente, la exclusión de ese punto del temario fue clave para sumar el respaldo de tres radicales: Mario Barletta, Fabio Quetglas y Natalia Sarapura, quienes la vez pasada se habían ausentado por apoyar la candidatura de Mario Negri, finalmente excluido por un acuerdo entre un sector de UP y Emilio Monzó.

El mendocino Julio Cobos volvió a dar el presente, como ya lo había hecho antes, mientras que el resto del bloque radical liderado por Rodrigo de Loredo volvió a ausentarse. Esta vez, el argumento no fue la AGN, sino el rechazo a "subirse a una movida kirchnerista", según explicaron off the record al medio Ámbito: “Usan causas nobles como herramienta de especulación electoral”.

En agenda: previsión social, discapacidad y salud pública

Entre los temas centrales que la oposición busca aprobar están dos proyectos previsionales. Uno propone actualizar los haberes jubilatorios en un 7,2% y el bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024. El otro busca extender o sustituir la moratoria previsional, que venció ese mismo mes.

Otro punto clave es la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2027. El proyecto impulsa la continuidad de pensiones no contributivas, el fortalecimiento de prestadores, la garantía del cupo laboral para personas con discapacidad y la asignación presupuestaria para la Agencia Nacional de Discapacidad.

También se intentará destrabar el nombramiento de autoridades de la Comisión $LIBRA, tras el empate que impidió su designación semanas atrás.

La sesión coincide con la habitual protesta de los miércoles que vienen llevando adelante los jubilados, pero esta vez se verá ampliada por la participación de médicos del Garrahan, investigadores del Conicet, personas con discapacidad y organizaciones feministas, como parte de una movilización intersectorial frente al Congreso.

Emergencia en el Garrahan: foco en pediatría

Uno de los debates más esperados es el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Familia (presididas por José Luis Espert de LLA y Roxana Reyes de la UCR, respectivamente) para dictaminar sobre seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan, impulsados por la Comisión de Salud.

Entre ellos destaca la declaración de emergencia en pediatría, que plantea la asignación inmediata de fondos para garantizar insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnología y personal esencial para la atención pediátrica en todo el país.

Además, se incluye la recomposición salarial del personal de salud y la exención del pago del impuesto a las Ganancias en tareas críticas, horas extra o guardias, así como la adquisición directa de insumos para hospitales pediátricos, medida que responde al conflicto abierto con el Gobierno nacional por la crisis en el Garrahan.

El oficialismo anticipa el veto

Pese a no haber logrado frenar el inicio de la sesión, el Gobierno ya advirtió que vetará cualquier ley que altere el equilibrio fiscal. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, difundió un informe que estima un impacto fiscal superior a 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI) si las iniciativas prosperan:

“Una vez más, el kirchnerismo y sus nuevos aliados, que hasta ayer eran enemigos acérrimos, impulsan con falsa demagogia y total irresponsabilidad leyes con un costo fiscal insostenible”, denunció.