En medio de un escenario económico adverso, los gobernadores de todas las provincias argentinas, incluyendo a Marcelo Orrego y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley con un objetivo claro: que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sean distribuidos de manera automática, diaria y sin discrecionalidad política por parte del Gobierno nacional.

El pedido apunta directamente al presidente Javier Milei, en un contexto de fuertes tensiones entre Nación y provincias por la falta de asistencia financiera. A través de una modificación a la Ley Permanente de Presupuesto N.º 11.672, los mandatarios provinciales buscan que se incorpore un nuevo artículo que garantice la redistribución del fondo ATN bajo los mismos criterios establecidos por la Ley de Coparticipación Federal N.º 23.548.

Según el texto presentado en el Senado de la Nación, el fondo se distribuiría de acuerdo a los porcentajes ya reconocidos a cada jurisdicción, y su ejecución debería ser automática, sin requerir aprobación ni intervención del Ministerio del Interior, como ocurre actualmente.

“La propuesta legislativa tiene basamento en la iniciativa de los señores gobernadores (...) quienes han suscripto un documento conjunto. Son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional, pero que no son propios”, indica el proyecto.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional fue creado por la ley 23.548 con el fin de atender situaciones de emergencia y desequilibrio financiero de los gobiernos provinciales. Está compuesto por una porción de los recursos coparticipables, entre ellos el 1% del total de impuestos nacionales, un 2% del impuesto a las ganancias y un 1% de bienes personales, y su administración corresponde al Ministerio del Interior.

Sin embargo, históricamente la distribución de este fondo ha estado marcada por un alto grado de discrecionalidad política, generando reclamos periódicos desde las provincias que piden una mayor transparencia y previsibilidad.

En esta oportunidad, el planteo es categórico: los fondos no le pertenecen a la Nación y su reparto debe ajustarse al esquema de coparticipación general sin excepciones.

El reclamo de los gobernadores se da en un momento de extrema fragilidad fiscal en las provincias. Con la inflación acumulada, la caída de la actividad económica, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del gasto social, las cuentas provinciales están al rojo vivo. La falta de apoyo financiero desde Nación profundiza las tensiones, especialmente ante un Gobierno que ha decidido reducir al mínimo la asistencia y las transferencias no automáticas.

La iniciativa también destaca que “la modalidad de distribución del Fondo ATN prácticamente no se ejecuta en la actualidad” y propone como alternativa legítima la incorporación del fondo a la Ley de Presupuesto permanente, lo cual permitiría institucionalizar su reparto.

“Esta propuesta fortalece el federalismo, sin afectar recursos ni la sustentabilidad de las finanzas nacionales”, argumentan en el texto legislativo.

El trasfondo de esta discusión es de tinte estructural: la tensión entre el centralismo fiscal de Nación y la autonomía financiera de las provincias. En reiteradas oportunidades, Milei se ha pronunciado en contra de las transferencias discrecionales, aunque tampoco ha habilitado mecanismos alternativos de financiamiento para las jurisdicciones.

El nuevo proyecto busca resolver ese vacío institucional con una herramienta legal concreta, consensuada y sin impacto fiscal negativo para Nación. Ahora queda por ver si el Congreso acompaña la iniciativa y si el Poder Ejecutivo acepta ceder parte de su poder de asignación de recursos.