22 gobernadores del país, entre ellos Marcelo Orrego, junto a senadores del Congreso, firmaron un proyecto de ley que busca que el producido del Impuesto a los combustibles líquidos sea coparticipable con las provincias de la Argentina. 

En el articulado del texto que cuenta con la firma los mandatarios provinciales, se propone una modificación del artículo 19 de la ley 23.966 que establece la forma de distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. 

El proyecto fija que los fondos de este impuesto “se distribuirán de la siguiente manera: a) Tesoro Nacional: 14,29%. b) Provincias: 57,02%. c) Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69%”.

En la misma iniciativa se prevé modificar el artículo 20 y establece que los fondos que corresponden a las provincias según lo previsto en el artículo anterior se distribuirán en un 25% en partes iguales entre las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto que el 75% restante se repartiría de acuerdo a los porcentajes de coparticipación provincial que están fijados en la Ley 23.548.

En los fundamentos del proyecto, los firmantes explicaron que los fondos en cuestión eran administrados por el Gobierno nacional, pero tenían afectación específica y se financiaban en gran parte con impuestos que no le eran propios. Bajo esa premisa, aseguraron que el cambio propuesto no impactaba negativamente en las finanzas públicas nacionales.

La iniciativa también se enmarcó en el plan de reorganización administrativa y eliminación de entes extrapresupuestarios que había impulsado el Ejecutivo nacional a través de la Ley Bases. Los gobernadores y senadores argumentaron que, en el actual contexto fiscal, resulta difícil sostener mecanismos de distribución tan segmentados, y que es necesario redirigir esos recursos hacia funciones esenciales como educación, salud, seguridad y justicia.

Finalmente, señalaron que la nueva propuesta fortalecía el federalismo, respetaba los criterios de coparticipación vigentes y no afecta la sustentabilidad económica del Estado nacional. Por ello, solicitaron el acompañamiento del Congreso para su aprobación.