En una serie de anuncios oficiales, el Gobierno nacional comunicó una profunda reforma de su política migratoria. Entre las principales medidas se destacan nuevos requisitos para obtener la ciudadanía argentina, la implementación de deportaciones aceleradas para extranjeros que delinquen y el cobro de servicios públicos a inmigrantes no residentes, tanto en el sistema de salud como en universidades.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, y con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presente, se detallaron los cambios que ya comenzaron a aplicarse.

Uno de los puntos más sensibles del anuncio fue la modificación en el acceso a la salud pública. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales y los residentes transitorios deberán abonar por los servicios médicos recibidos en hospitales públicos. Además, quienes ingresen al país estarán obligados a presentar un seguro médico que respalde su capacidad de pago.

“Hay inmigrantes que vienen a utilizar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que tampoco contribuyeron a financiarlos con sus impuestos. Se han detectado tours sanitarios: vienen al país, se atienden en hospitales y luego regresan a su lugar de origen”, denunció Adorni. En ese marco, el vocero reveló que solo en ocho hospitales nacionales se gastaron $114.000 millones en la atención de pacientes extranjeros.

En cuanto a la educación superior, se habilitará a las universidades públicas a cobrar matrícula o aranceles a estudiantes extranjeros. “Se respetará la autonomía universitaria”, aclaró Adorni, indicando que la decisión final quedará en manos de cada institución académica.

Nuevos requisitos para obtener la ciudadanía argentina

El Gobierno también confirmó que habrá una mayor rigurosidad en el otorgamiento de la residencia permanente y la ciudadanía nacional. A partir de ahora, solo podrán acceder a estos beneficios los extranjeros que acrediten dos años de residencia continua en el país, sin abandonarlo durante ese período.

“Quienes ingresen o permanezcan de manera irregular no serán recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, remarcó el vocero, en línea con el discurso de orden migratorio que impulsa el oficialismo.

Otra de las reformas apunta directamente al plano de la seguridad. Según anunció Adorni, cualquier extranjero con antecedentes penales será rechazado en frontera, y quienes intenten ingresar de forma clandestina o falseen su información podrán ser expulsados de inmediato.

Asimismo, el Gobierno deportará a todos los inmigrantes que hayan sido condenados por delitos, sin importar la gravedad del hecho. “Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, afirmó el vocero.

Además, se acortarán los plazos de apelación para los procesos de expulsión. “El que las hace, las paga”, sentenció Adorni. Y criticó la normativa actual al considerarla laxa: “Hoy cualquier inmigrante condenado con pena menor a cinco años puede quedarse en la Argentina”.

Entre los delitos que cometieron extranjeros no deportados, enumeró casos de abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, hurto, encubrimiento y usurpación de tierras, entre otros.

En el cierre del informe, Adorni brindó estadísticas vinculadas a la Ciudad de Buenos Aires. Indicó que de los 4.300 extranjeros detenidos en territorio porteño, el 40% fue aprehendido por robo o hurto. “Entran, delinquen y nadie hace nada. Eso se terminó”, concluyó el portavoz presidencial.