Un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Leopoldo Soler se encamina a abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Estado, los proveedores y los contratistas. La iniciativa propone inhabilitar para ejercer cargos públicos y firmar contratos con el Estado a aquellas personas que registren deudas alimentarias o condenas por violencia de género.

La propuesta, que será tratada formalmente en la próxima sesión legislativa, no solo apunta a cargos políticos o electivos, sino también a funciones en los tres poderes del Estado y a quienes prestan servicios al sector público.

“Esto tiene que ver con lo que pasa cotidianamente. Esto va en crecimiento, cada vez hay más obligaciones alimentarias y los conflictos en los que se evaden esas obligaciones, no son pagadas. Socialmente tenemos que preocuparnos por herramientas que nos permitan aminorar las consecuencias de estos incumplimientos”, explicó Soler sobre lo que motivó a encarar la iniciativa.

El legislador dijo que, a su entender, “socialmente un representante electo como funcionario escogido para un cargo, tiene que ser una persona que no se encuentre involucrado en estas cuestiones que no son buenas para nada y que perjudican a los más vulnerables como los menores y las mujeres en cuestiones de violencia”.

La iniciativa busca alcanzar a funcionarios designados, empleados de planta y contratados, y también a cualquier proveedor que tenga una relación contractual con el Estado.

El proyecto prevé un doble control para las ocasiones. La Justicia en primer término se encargará de los antecedentes y denuncias y el poder del Estado que contrate estará obligado también a hacerlo al vincularse.

El proyecto ya comenzó a generar debate y promete poner en discusión la responsabilidad en la función pública y la administración del Estado ante el resguardo de derechos de menores y personas víctimas de violencia.