La causa judicial que involucra a Valentina Olguín, una influencer y cantante santiagueña de 26 años, suma capítulos y ya tiene consecuencias en varias provincias, incluida San Juan. La joven fue procesada en Tucumán por contrabando por simulación luego de utilizar los datos fiscales de al menos seis gobernadores argentinos, entre los que se encuentra el sanjuanino Marcelo Orrego, para traer productos desde el exterior bajo el sistema de courier.

Todo comenzó con la denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al detectar el uso indebido de su CUIT para realizar compras personales en una tienda online de Estados Unidos. Posteriormente, se sumaron otros mandatarios damnificados, entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego.

Según la investigación del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez y con intervención del fiscal Agustín Chit, Olguín habría realizado un total de 16 compras a través de la plataforma Revolve, especializada en indumentaria femenina de alto valor. En varios casos, simuló ser una autoridad provincial para evitar restricciones del sistema de courier, que solo permite cinco envíos anuales por persona, de hasta 50 kilos y sin fines comerciales.

El desglose de la maniobra revela que cinco envíos fueron a nombre de Jaldo, otros cinco utilizando el CUIT del pampeano Sergio Ziliotto, cuatro con los datos de Axel Kicillof (Buenos Aires), y uno con los de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego, respectivamente. El perjuicio económico al Estado supera los 1.200 dólares, cifra que podría aumentar si se confirman más operaciones fraudulentas.

La defensa de Olguín apeló el procesamiento, alegando que el embargo sobre sus bienes es una medida preventiva y solicitó su libertad condicional. Mientras tanto, la causa se ramifica: además de la investigación en Tucumán, ya hay actuaciones judiciales en La Plata, Paraná, Santa Rosa y San Juan. Si es hallada culpable en varias jurisdicciones, podría enfrentar una condena de prisión efectiva que puede alcanzar los 8 años.

Aunque los paquetes llegaban bajo modalidad personal, la acusación sostiene que tenían fines comerciales, ya que los productos (principalmente ropa) superaban valores de hasta $250.000 por prenda. El caso pone bajo la lupa un sistema de importación pensado para uso individual que, en este caso, habría sido desvirtuado con un modus operandi insólito: hacerse pasar por gobernadores.