El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, confirmó que la provincia implementará un blindaje legal y fiscal para proteger a quienes adhieran al régimen nacional de regularización de activos no declarados, conocido como el plan de los “dólares bajo el colchón”. La medida busca garantizar que quienes se sumen al programa no sufran consecuencias tributarias ni persecuciones futuras, incluso ante posibles cambios de gobierno.

“No se va a tributar sobre el stock de dinero regularizado, sino únicamente sobre el flujo, es decir, sobre las operaciones que se realicen con esos fondos”, explicó Gutiérrez en diálogo con Estación Claridad. Y remarcó: “La idea es brindar seguridad jurídica a quienes decidan transparentar sus activos y al mismo tiempo incentivar la actividad económica”.

La decisión se enmarca en la adhesión formal de San Juan al programa nacional, que fue firmada esta semana por el gobernador Marcelo Orrego a través de un convenio de cooperación e intercambio de información con el ARCA (ex AFIP). Este acuerdo, según detalló el ministro, establece también compromisos de la Provincia para avanzar en la simplificación tributaria y la reducción de la burocracia para los adherentes.

“El convenio forma parte del programa de reparación histórica de los ahorros, como lo llama el gobierno nacional. Ya se han emitido decretos y resoluciones que eliminan ciertos regímenes informativos y elevan los umbrales de declaración, lo que representa un alivio en particular para el impuesto a las ganancias”, señaló Gutiérrez.

La protección a los contribuyentes no quedará sólo en lo discursivo. Según adelantó el ministro, el Gobierno provincial trabaja en una segunda etapa que se materializará en el envío de un proyecto de ley o adhesión a la Legislatura. Esta norma tendrá como objetivo blindar legalmente a los adherentes al programa, evitando que en el futuro puedan ser investigados o gravados por los activos regularizados.

El blindaje incluirá dos aspectos clave: la primera es la disminución de los plazos de prescripción tributaria, reduciendo el margen para eventuales reclamos retroactivos. Y la segunda es la modificación del artículo 16° de la Ley Nacional de Procedimiento Tributario (Ley 11.683), que refiere a la determinación de inventarios de bienes no declarados.

“Lo que se quiere evitar es que una persona que regularizó su situación comprando un bien o haciendo una inversión, luego sea perseguida o grabada por esos activos”, sostuvo Gutiérrez. Y agregó: “Debe haber una coherencia entre lo que impulsa la Nación y lo que hacen las provincias. Por eso, San Juan también tiene que blindar esa decisión con una normativa local”.

Impacto económico y sectores beneficiados

Desde el Ministerio de Economía provincial estiman que esta medida tendrá un impacto positivo en sectores como el inmobiliario y el automotor, donde el uso de efectivo es habitual y muchas operaciones quedan postergadas por temor a fiscalizaciones.

“Ahora no te van a preguntar el origen de los fondos. Solo vas a tributar cuando realices la compra o inversión. No hay impuesto sobre el stock acumulado, a diferencia del blanqueo anterior que aplicaba un 10% sobre el total”, explicó el funcionario.

Además, destacó que los tributos generados por este nuevo régimen (IVA, Ganancias e Ingresos Brutos) son coparticipables, por lo que San Juan también se beneficiará en términos de recaudación.

La iniciativa no tiene fecha límite, lo que también la diferencia de blanqueos anteriores. Para Gutiérrez, esto le otorga “estabilidad y previsibilidad” al programa.