Un grupo de senadores nacionales  del ala peronista elevaron un pedido a la Secretaría de Energía de la Nación, expresando su "extrema preocupación" por las "inconsistencias deliberadas y sistemáticas" en el proceso de licitación de las centrales hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El documento, dirigido a la Secretaria María Tettamanti y al Secretario Coordinador de Energía, Daniel González, denuncia un "atropello a la soberanía provincial, riesgos ambientales inaceptables, improvisación y un claro negociado a espaldas del pueblo argentino".

Desde 2022, los senadores vienen presentado propuestas para que estos activos estratégicos sean administrados por el Estado nacional en conjunto con las provincias, argumentando el "rotundo fracaso" del mecanismo de concesión a empresas privadas bajo la ley 24.065. Se señaló que las empresas concesionarias no reinvirtieron sus ganancias, deteriorando los activos, y que además formaron activos en el exterior entre 2016 y 2019 y continúan fugando capitales.

La presentación también detalla una cronología de inconsistencias en el proceso de licitación. El Decreto N° 895/2024 de octubre de 2024 anunció el inicio del proceso con un plazo de 180 días (venciendo el 10/04/2025) y mencionan que los pliegos estaban "avanzados", sin embargo, estos documentos nunca fueron publicados ni presentados a las provincias.

Posteriormente, el Decreto 263/2025 de abril de 2025 prorrogó el llamado a licitación por 15 días para que Neuquén y Río Negro pudieran "analizar los pliegos", lo que, según los senadores, evidenció la completa exclusión de las provincias en la definición de las condiciones de venta. Los legisladores expresaron alarma por el silencio de los gobernadores ante esta exclusión y solicitaron a Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck exigir condiciones más justas, incluyendo un 50% de participación accionaria para las provincias, reversión de activos al Estado por incumplimientos, reinversión obligatoria de utilidades, plazos máximos de concesión de 10 años y un destino transparente de los fondos que no sea el pago de deuda. Sin embargo, no recibieron respuesta ni evidencias de negociaciones.

Una de las revelaciones más preocupantes es que la Resolución 2/2025 de mayo de 2025 recién ordenó oficialmente la elaboración de los pliegos el 7 de mayo, lo que llevó a los senadores a cuestionar qué analizaron las provincias durante la prórroga si los documentos no existían.

Ante la gravedad de la situación, los senadores exigieron la publicación inmediata e integral de los pliegos licitatorios para su análisis por parte de las provincias y la sociedad civil. Asimismo, pidieron la modificación urgente de los Decretos 718/2024 y 263/2025 para garantizar la participación accionaria mayoritaria de las provincias (licitando solo el 50% del paquete y reservando el otro 50% para Neuquén y Río Negro), un plazo máximo de concesión de 10 años con cláusulas de reversión automática, la reinversión obligatoria del 50% de las utilidades en la modernización y seguridad de las centrales, el mantenimiento de las facultades de control de la AIC y ORSEP, y el cálculo de las regalías sobre el precio estacional que pagan las distribuidoras provinciales. 

También exigieron una tasación independiente y auditoría externa del valor real de los activos con participación del Tribunal de Tasaciones de la Nación y las provincias, y que los dólares obtenidos por la venta del capital accionario se depositen en el BCRA, prohibiendo expresamente su uso para el pago de deuda externa o el sostenimiento artificial del tipo de cambio. Finalmente, solicitaron la convocatoria a una audiencia pública vinculante con participación activa de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, municipios afectados y organismos técnicos.