El Gobierno que conduce Javier Milei decretó la reglamentación del derecho de huelga en el que obliga a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%. Entre las actividades y servicios esenciales incluyó a la educación, en momentos en los que la administración libertaria decidió retirarse de la paritaria nacional. También incorporó el transporte, que se suma a la salud.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial y fue firmada por Javier Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT. Ahora esta medida tuvo un fuerte impacto y así lo demostraron tres de los más importantes sindicatos que nuclean a docentes en la San Juan: UDAP, AMET y ADICUS.

La coincidencia de los tres sindicatos es que la norma viola la constitución y que para el gobierno nacional la educación es esencial para limitar el derecho a huelga, pero no lo es para desfinanciarla, según analizaron.

Para Patricia Quiroga, titular de UDAP, lo toman “como una medida que es inconstitucional, es arbitral. Ya en el año 2000 con De la Rúa, ya ese decreto se hizo y mediante la CTERA se judicializó y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una sentencia definitiva, declarando que es inconstitucional”, explicó haciendo alusión a una jurisprudencia que puede sentar para este tipo de determinación y añadió: “Después, en el año 2023, recuerden ustedes, Milei también lo hizo (DNU 70/2023) y también lo declararon inconstitucional y arbitrario”.

En la misma línea, Quiroga agregó que “para poder ser esencial, tiene que interrumpir o poner en peligro la vida, la salud o la seguridad y en este caso la educación no lo hace. Más más que esencial es un derecho”.

La líder sindical disparó contra el desfinanciamiento que está haciendo el gobierno nacional en la educación al señalar que “han sacado un decreto diciendo que la Nación no se va a hacer cargo de la paritaria, no va a participar, pero sí va a vetar algunas leyes de educación. O sea, se retira de la paritaria, pero sí va a vetar las leyes. No están mandando dinero para financiar la educación”.

Desde AMET, Daniel Quiroga analizó que “en primer lugar la educación no es esencial, lo que es esencial es la sanidad, la seguridad, la electricidad. Por ejemplo, no han puesto como esencial tener la energía eléctrica permanente por la seguridad de las personas y por la salud y eso no está, entonces quiere decir que hay intereses por otro lado”.

Y luego arremetió contra Nación por las medidas sobre educación, más allá de la limitación del derecho a huelga. “Sacar por decreto las paritarias, o sea, excluirse de las paritarias, pero sí tener derecho a veto, es una barbaridad jurídica que va en contra de todos los preceptos internacionales. Seguramente eso ya está judicializándose ese decreto firmado”.

“Esto creo que estamos viendo, cuando se gobierna por decreto, yo no quisiera que mi país entrara a ser Venezuela, tanto que criticamos nosotros a Venezuela, parece que estamos llegando a ser Venezuela. Dejar de lado leyes como la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, donde se votó por mayoría absoluta esas leyes y las vetaron, va en contra de lo que pensaba y piensa la mayoría del pueblo argentino con respecto a educación”, disparó el titular de AMET en San Juan.

Por su parte, ADICUS emitió un comunicado sobre la situación y en el mismo sostuvo: “El Gobierno de Milei no está interesado en la educación, quiere sacarnos el derecho a huelga. Mientras avanza en eximir al Estado de la responsabilidad de garantizar el financiamiento educativo, como lo prevé la ley 26.075, pretendiendo declarar servicio esencial a la educación”.

El sindicato de docentes universitarios agregó que “claramente, esto es un nuevo ataque al derecho constitucional a huelga, en un contexto donde las luchas por salario se extienden a lo largo y ancho del país” y continuó diciendo que no van “a aceptar que un decreto modifique una ley. No sólo defendemos derechos. Defendemos la democracia y la república. Rechazamos el DNU 340/2025. Ratificamos que la educación es un derecho social y no un servicio esencial. Defendemos el derecho a huelga que es defender los derechos conquistados y por conquistar”.

El decreto firmado por el presidente ya ocasionó resistencia prácticamente en todo el arco sindical del país, por lo que se espera que haya presentaciones judiciales con el fin de dejarlo sin efecto.