El Tribunal de Cuentas de la provincia no aprobó el ejercicio 2023 del exintendente de Sarmiento, Mario “Cacho” Martín, debido a una serie de observaciones por supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos. El principal foco de cuestionamiento gira en torno al pago de más de 212 millones de pesos a tres cooperativas de trabajo, sin que exista documentación que acredite la efectiva prestación de los servicios contratados.

Estas observaciones forman parte de tres cargos principales formulados por el organismo de control, aunque se suman otras once imputaciones de menor cuantía que elevan el presunto perjuicio económico para el municipio a cerca de 230 millones de pesos, según dio a conocer el medio 0264 Noticas.

Los responsables señalados incluyen al exintendente Martín y a varios de sus exfuncionarios, quienes ya fueron notificados y cuentan con un plazo para presentar sus descargos y respaldos documentales. Si no logran justificar las erogaciones, podrían ser obligados a reintegrar los fondos con recursos propios.

El caso más significativo involucra el desembolso de 107,8 millones de pesos a las cooperativas San Antonio 2, Virgen del Carmen y Sarmiento 2. Según los expedientes, los pagos fueron solicitados mediante "notas de inicio" firmadas por el entonces secretario de Gobierno, Diego Cortez, quien hoy se desempeña como concejal, y certificadas por él mismo como prestación de servicios.

Sin embargo, el Tribunal detectó irregularidades en el circuito de pagos: los cheques se libraron a nombre del tesorero Daniel Villafañe, pero en la mayoría de los casos fueron cobrados en ventanilla por el subtesorero Sergio Monfort. Lo más grave es que no existe documentación que pruebe que el dinero llegó efectivamente a las cooperativas.

En un segundo cargo, se cuestiona un pago adicional de 61,05 millones de pesos a las mismas cooperativas, también sin respaldo documental ni pruebas de que los trabajos hayan sido realizados. En este punto se amplía el listado de presuntos responsables, sumando al contador Alberto Aguirre. Se detectaron expedientes sin firmas, facturas sin conformar y el mismo patrón de retiro de dinero en efectivo por parte del subtesorero.

El tercer cargo refiere a transferencias bancarias por 43,77 millones de pesos a dos de las cooperativas ya mencionadas. En estos casos, los expedientes directamente carecen de certificaciones de servicios prestados, lo que, para el Tribunal, configura una falta grave de control administrativo.

A estas observaciones se suman otras imputaciones menores, como un expediente que habría sido pagado tres veces, ocasionando presuntamente un perjuicio de más de 2,4 millones de pesos y otros pagos indebidos, aparentemente.

Ahora “Cacho” Martín y las personas señaladas por el órgano contralor, deberán presentar pruebas para desestimar los cargos. En caso de no conseguirlo y si avanzan las instancias administrativas y judiciales, la Fiscalía de Estado podría avanzar con la ejecución para recuperar los fondos.