Este fin de semana, la Obra Social Provincia (OSP) salió al cruce de las declaraciones públicas del Colegio Médico de San Juan, que había responsabilizado al organismo por el cierre del sanatorio CIMYN, la popular clínica privada especializada en atención materno-infantil. A través de un comunicado oficial, la OSP lamentó la decisión de cierre, pero rechazó de manera enfática haber tenido alguna responsabilidad en la crisis financiera que atraviesa la institución.

El documento remarca que no existe un convenio de asistencia entre la OSP y el Colegio Médico, sino un acuerdo por prestaciones, y que el colegio posee un financiador propio: COLMED, al que, según OSP, le corresponde asumir mayor responsabilidad por la situación. Además, detallaron que la obra social ha colaborado con adelantos de facturación para sostener el funcionamiento de la clínica.

Uno de los puntos destacados fue que, en el caso de partos y cesáreas, el CIMYN sólo atiende el 10% de las prestaciones que requiere la obra social, mientras que el 90% restante se realiza en otra maternidad, por elección de los propios afiliados.

Sobre los pagos, la OSP defendió su política de “pronto pago”, en la que se liquida el 95% de las prestaciones dentro de los 15 días hábiles, y el 5% restante se paga a los 42 días. Según el comunicado, los pagos se realizan dentro de los plazos e incluso con anticipación. De hecho, entre el 8 y 9 de mayo, se habrían abonado montos suficientes para afrontar los sueldos, algo que, según OSP, fue confirmado por las propias autoridades del Colegio Médico.

También se refirieron a la deuda millonaria denunciada por la clínica, vinculada a la falta de devolución de medicamentos de internados. Según la OSP, esa deuda está judicializada, data de 2022 y corresponde a una gestión anterior. Además, involucra a una gerenciadora que ya no existe y cuyas auditorías carecen de documentación respaldatoria.

Finalmente, la obra social aseguró que seguirá acompañando a todos los prestadores en el difícil contexto económico actual, pero que no puede asumir responsabilidades sobre la administración interna de instituciones privadas, y que siempre priorizará el resguardo de los recursos que pertenecen a sus afiliados.