Una grave denuncia por discriminación educativa involucra al Colegio Don Bosco, donde una familia reclama que su hijo de 17 años fue arbitrariamente excluido de la matrícula para cursar su último año de secundaria. La situación, según relataron públicamente, no solo expone un conflicto institucional, sino también una posible vulneración del derecho a la educación consagrado en la legislación nacional.

El adolescente, identificado como J.L.G., había cursado los últimos 12 años en el establecimiento, desde jardín de infantes hasta quinto año, el cual aprobó en su totalidad. A pesar de ello, y sin que mediara una explicación formal, el colegio decidió no inscribirlo para sexto año. Su familia, representada por la abogada Fabiana Salinas, presentó una denuncia por discriminación tanto ante el propio colegio como ante el Ministerio de Educación, sin obtener respuestas concretas.

"La decisión del colegio es total y absolutamente arbitraria. El alumno no tiene antecedentes graves ni sanciones que justifiquen la medida, y la institución jamás explicó los motivos", afirmó Salinas en diálogo con Radio Sarmiento. Agregó que intentaron establecer un canal de diálogo mediante una mediación formal, pero no recibieron respuesta por parte de las autoridades escolares.

La abogada remarcó que el alumno ya había comprado su campera de egresado y planeaba el viaje con sus compañeros, lo que hace aún más dolorosa y desconcertante la situación. “Desde el colegio no hubo intervención del gabinete pedagógico ni notificaciones previas. Simplemente, no le permitieron continuar”, explicó.

El reclamo, según Salinas, no solo interpela al establecimiento educativo, sino también al Estado. En ese sentido, cuestionó la falta de respuesta del Ministerio de Educación, particularmente en la oficina de colegios privados. “La licenciada Andrea Fernández no responde desde hace semanas. Presentamos un pronto despacho y tampoco tuvimos respuesta”, señaló.

La familia sostiene que esta exclusión es un caso de discriminación institucional, que afecta un derecho fundamental: el derecho a la educación, amparado por la Ley 26.206 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, la abogada advirtió que J.L.G. no sería el único alumno en esta situación, lo que podría revelar un patrón de conducta excluyente por parte del colegio.

Ante la falta de soluciones, la familia evalúa iniciar acciones judiciales, incluyendo una posible acción de amparo y una demanda por daños y perjuicios. “Esto se podría haber resuelto con diálogo. En cambio, terminó generando un fuerte estrés familiar y un gasto económico considerable”, lamentó Salinas.