El Gobierno de San Juan decretó la emergencia y desastre agropecuario para los productores afectados por las contingencias climáticas. La medida, que regirá desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, contempla beneficios impositivos y la exención del canon de riego. Sin embargo, desde la Federación de Viñateros advierten que la ayuda no alcanza para revertir su realidad. 

“La emergencia alcanza algunos impuestos provinciales y el canon de riego, está bien que se asista a quienes sufrieron daños por la piedra, pero la situación estructural es mucho más grave”, afirmó en Canal 13,  Alfredo Olivera, presidente de la entidad que nuclea a productores vitivinícolas de toda la provincia.

Olivera señaló que prácticamente todos los departamentos sanjuaninos fueron afectados por fenómenos climáticos, como las intensas granizadas del verano pasado. Pero aclaró que el verdadero problema está en el derrumbe de los precios pagados por la uva, en un contexto de altos costos y baja previsibilidad.

“Nos están pagando $100 por kilo de uva. Así no hay forma de que una hectárea tenga rentabilidad. El año pasado nos pagaban $200 o $220, y hoy, a duras penas, se paga menos de la mitad por cualquier tipo de uva”, denunció.

El dirigente explicó que el sector atraviesa un combo complejo: caída del precio de la uva, costos de producción elevados y una distribución desigual del agua para riego. “Hidráulica nos manda coeficientes de agua de 0,30 o 0,28, pero en la finca llega mucho menos. Y si no tenés perforaciones, la finca se seca”, graficó.

A esto se suma el costo del riego por pozo: “Una finca de 10 hectáreas paga $1.300.000 o $1.400.000 mensuales por energía eléctrica. A eso sumale la mano de obra, los insumos... Es muy difícil que nos quede algo”.

Según detalló Olivera, muchas bodegas están pagando por la uva desde junio hasta diciembre, es decir, con un retraso de varios meses. El escenario también afecta a los distintos tipos de mosto. Mientras que el mosto concentrado, exportado principalmente a Estados Unidos, ronda los $1.600 por tonelada, el mosto sulfurado –que es el más común– apenas vale $300.

Desde la Federación plantean la necesidad urgente de establecer precios diferenciados según el destino de la uva: consumo en fresco, pasa, mosto o vino. “No puede valer lo mismo una uva fina que una común. Tiene que haber un sistema claro de precios por tipo y calidad”, insistió.

Olivera también apuntó contra la falta de regulación en los precios: “Esto no es oferta y demanda, es un abuso por parte del industrial. Por eso vamos a pedir un estudio exhaustivo al Ministerio de Producción, para tener información real y tomar decisiones con claridad”.

La pérdida de rentabilidad ya impacta en la superficie cultivada. “Año tras año vemos cómo se va achicando la cantidad de hectáreas productivas. La vitivinicultura, que fue matriz productiva de San Juan, hoy está amenazada”, advirtió.