La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que el Ejecutivo trabaja en una nueva Ley de Transporte, que será elevada en los próximos días a la Legislatura para su tratamiento. La funcionaria destacó que se trata de una norma "renovada", que buscará responder a las demandas actuales del sector, especialmente ante los reiterados reclamos de los taxistas.

"Estamos muy avanzados con el proyecto y podríamos estar elevándolo en estos días. Se trata de una nueva ley que va a ser muy buena, pensada en función de las necesidades actuales del transporte en la provincia", sostuvo Palma. Y agregó: "Entendemos los reclamos del sector, se han hecho controles, pero también sabemos que ellos consideran válidas sus quejas. Siempre apostamos al diálogo y la negociación".

Este anuncio se dio en medio de una nueva movilización de taxistas que, desde hace tiempo, exigen mayor fiscalización y reformas normativas para mejorar sus condiciones laborales.

En paralelo, la ministra mencionó el inminente tratamiento de la nueva Ley de Tránsito, que también está en etapa final. "Se va a adecuar a las actualizaciones del sistema", expresó, en referencia a las exigencias tecnológicas y operativas que requiere la seguridad vial en la actualidad.

Sobre el conflicto por el posible cierre del CIMYN

Palma también se refirió al delicado conflicto en torno al CIMYN (Centro Integral de Medicina Nuclear), ante la posibilidad de su cierre y las tensiones surgidas entre los trabajadores y la institución. “Fue apresurado el comunicado del CIMYN anunciando un cierre definitivo. Incluso ellos mismos lo reconocieron. Creo que siempre hay que buscar soluciones antes de tomar decisiones drásticas”, aseguró la ministra. “Estamos protegiendo los derechos de los trabajadores y esperando una pronta solución. Es un sanatorio que lleva muchos años en la provincia, muchas familias dependen de él, tanto laboral como sanitariamente”, señaló en cuanto a la intervención del subsecretario de Trabajo, Franco Marchese

Consultada sobre los dichos del secretario general de ATSA, Alfredo Aguilera, quien cuestionó la imparcialidad del subsecretario de Trabajo, la ministra respondió con cautela: “No escuché esas declaraciones, pero nuestro rol es siempre proteger a los trabajadores. La Subsecretaría de Trabajo es un espacio de diálogo y búsqueda de consensos. Confío en que este caso no será la excepción”.