La polémica en torno al cálculo de las jubilaciones sumó un nuevo capítulo en la justicia argentina. En declaraciones recientes, el abogado previsional Juan Pablo Mattar (M.P. 3604) afirmó que la ley de movilidad jubilatoria implementada durante el gobierno de Alberto Fernández “era inconstitucional” y que varios tribunales ya fallaron a favor de los jubilados.

Ola de demandas contra el Estado por el reajuste de haberes jubilatorios

Mattar explicó que la norma en cuestión excluyó del cálculo de la movilidad el índice de inflación (IPC), perjudicando directamente el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios: “Se hacía por la recaudación que tenga el ANSES por la remuneración de los trabajadores activos o por índice de IPC. Esa ley usó dos índices —el de recaudación de ANSES y el de remuneración— y dejó afuera el IPC, lo que perjudicó mucho a los jubilados”.

La situación comenzó a cambiar tras un decreto firmado por el presidente Javier Milei en julio de 2024. Ese decreto incorporó nuevamente el IPC como factor de ajuste, luego de que se reconocieran los efectos negativos de la fórmula anterior. “Según mencionaron, la ley tuvo consecuencias desastrosas y abrió la crítica. Entonces empezó a utilizarse el índice de IPC”, indicó Mattar.

En ese contexto, distintas cámaras federales del país comenzaron a pronunciarse. “La Cámara Federal de Mendoza le dio pie al decreto de Milei y mencionó que la ley de Alberto Fernández era inconstitucional”, detalló. Lo mismo ocurrió con la Cámara Federal de Salta. Estos fallos sentaron un precedente que podría tener un impacto masivo en el sistema previsional.

El abogado advirtió que, según los nuevos parámetros, los jubilados podrían haber recibido un 50% más en sus haberes durante el período afectado por la ley anterior. “Los haberes se vieron muy menguados. El haber tiene que ser sustitutivo, no puede ser regresivo. Si yo cobraba como activo 100, puedo cobrar 80, pero no 30. Es violar el derecho de los jubilados”, subrayó.

Como resultado de estas decisiones judiciales, se ha desatado una “ola de juicios” en todo el país. Ya son al menos cuatro los fallos que han avalado la presentación de demandas para el reajuste de haberes. Mattar aseguró que “la Corte debería en algún momento pronunciarse”, ya que aún no ha emitido un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la ley.

“La Corte debería decirnos cuál es el índice que deberíamos seguir para calcular las jubilaciones”, expresó. Mientras tanto, aconseja a los jubilados “que se fijen y se animen a hacer el cálculo, a ver si pueden reajustar sus jubilaciones”.

Por último, advirtió que los procesos judiciales por este tipo de reclamos pueden tener una duración de hasta tres años. Sin embargo, el creciente respaldo de los fallos provinciales podría acelerar los tiempos si la Corte Suprema decide intervenir.