El miércoles el Gobernador Marcelo Orrego confirmó que San Juan adhiere oficialmente a un protocolo antipiquetes, que regula la actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones que impidan el libre tránsito. El detalle de ello fue explicado en Canal 13 por el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado. Según mencionó, la decisión se tomó tras un hecho reciente que paralizó el microcentro capitalino.

“El protocolo es un mecanismo de actuación de la Policía de San Juan para garantizar el libre tránsito de todos los sanjuaninos”, sostuvo Delgado. Y agregó: “A partir de ahora, hay un esquema de intervención concreto ante cortes de calles que perjudiquen a terceros”.

Según explicó el funcionario, la medida se precipitó tras una protesta vinculada al transporte de pasajeros que bloqueó arterias clave de la ciudad. “No se puede admitir que un grupo de personas decida bloquear un municipio como fue en Capital, perjudicando a quienes iban a trabajar, al hospital o simplemente tenían una diligencia. También afectaron al comerciante, al vecino”, remarcó.

Hasta entonces, las manifestaciones se desarrollaban bajo acuerdos previos con la policía, sin mayores inconvenientes. “Siempre se trabajó desde el consenso, desde el diálogo. Pero esta vez el perjuicio fue tan significativo que se resolvió aplicar un marco más estricto”, justificó.

Tres etapas de intervención

El protocolo sanjuanino —diseñado a nivel provincial, sin intervención de fuerzas federales— prevé tres fases de acción:

  1. Mediación y diálogo: Se establece contacto con los manifestantes para entender el motivo de la protesta y, en lo posible, evitar el corte.
  2. Coordinación operativa: Si la protesta avanza, se intenta organizar su desarrollo dentro de ciertos parámetros acordados.
  3. Intervención policial: En caso de que no se respeten los acuerdos y haya bloqueo de calles o perjuicio a terceros, la policía está autorizada a actuar.

“La primera fase es lo que siempre hemos hecho: escuchar, disuadir, negociar. Pero si no hay acuerdo y se corta el tránsito, se pasa a una etapa operativa, y si tampoco se cumple con lo pactado, la policía intervendrá para restaurar el orden”, detalló Delgado.

Ante la consulta sobre posibles sanciones, el secretario de Seguridad fue claro: “El artículo 194 del Código Penal establece que obstruir la libre circulación es una conducta punible. Si el hecho ocurre en flagrancia, el funcionario policial tiene la obligación legal de actuar y comunicarlo al Ministerio Público Fiscal”.

“De ningún punto de vista el señor gobernador va a criminalizar la protesta o el derecho a reclama

Delgado apeló a su formación en Derecho para ilustrar: “Es lo mismo que si un policía ve un arrebato en la calle: no puede esperar órdenes. Tiene que intervenir de inmediato. En este caso, si hay corte de calles, hay una conducta delictiva flagrante que debe ser respondida”.

A pesar de la firmeza en la aplicación del protocolo, explicó: “De ningún punto de vista el señor gobernador va a criminalizar la protesta o el derecho a reclamar. Eso está asegurado. Lo que se va a hacer es ordenar”.

En este sentido, mencionó que la intención no es reprimir ni censurar, sino evitar el perjuicio a la mayoría de los ciudadanos: “Vamos a acompañar el desarrollo de las manifestaciones, no a criminalizarlas. Pero sí vamos a actuar cuando la protesta afecte a terceros”.

Finalmente, Delgado aseguró que esta medida responde a un pedido social. “La gente quiere control, quiere ordenamiento. Quiere salir a trabajar y llegar a su destino sin obstáculos. Nosotros, como Estado, estamos obligados a garantizar eso”, afirmó.

“Tenemos que dar las condiciones para que el ciudadano de a pie, el comerciante o el empresario realicen sus tareas en una provincia ordenada. Escuchamos a la gente: no quieren represión, pero sí reglas claras”, concluyó.