La provincia de San Juan avanza en un proyecto para modernizar la Ley de Defensa al Consumidor, con el objetivo de actualizar el monto de las multas económicas y adaptar el sistema a la virtualidad. Así lo confirmó Fabiana Carrizo,  titular del área, en diálogo con Canal 13, luego del anuncio realizado por el gobernador Marcelo Orrego durante la apertura de sesiones legislativas.

“Nuestra ley provincial es de 2006, una adhesión a la ley nacional 24.240, pero no ha sido revisada ni puesta al tono en todos estos años. Por eso vamos a trabajar en su modernización, sobre todo en lo que respecta a las sanciones”, explicó Carrizo.

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la actualización del tope económico de las multas. “Hoy por hoy, la multa máxima que podemos imponer es de 500 mil pesos. No está acorde a los tiempos que corren ni a la ley nacional, que establece sanciones en relación con la canasta básica”, detalló.

Carrizo remarcó que el espíritu de la ley no es punitivo, sino conciliador. “Siempre tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de la multa. Si, por ejemplo, alguien tiene un problema con un celular y propone una solución al consumidor, se cierra el expediente y no pasa a sanción. Pero si no, necesitamos una ley con sanciones que realmente se sientan”, sostuvo.

Además de los montos, la reforma también incluiría herramientas tecnológicas para agilizar los procesos: “Queremos avanzar en notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y mayor descentralización a través de las delegaciones municipales. Eso no significa alejar al consumidor, todo lo contrario: queremos estar más cerca, pero con mayor eficiencia”, aclaró la funcionaria.

También hizo hincapié en la necesidad de contemplar a los sectores más vulnerables: “Nuestros adultos mayores, por ejemplo, necesitan asistencia. Modernizar no significa excluir, sino incorporar soluciones más rápidas sin perder el contacto humano”.