JUSTICIA
La megacausa expropiaciones llega a juicio pero todavía no tiene tribunal
Fiscalía de Estado confirmó que ocho imputados ya no tienen chances de dilatar el proceso. Entre ellos se encuentra el abogado Santiago Graffigna. Los acusan de cometer "una estafa orquestada de principio hasta el fin", según definió el letrado Rubén Pontoriero.
La megacausa expropiaciones finalmente llegará a juicio oral y público con ocho imputados a quienes ya se les agotaron los recursos para dilatar el proceso. Ahora el desafío será integrar un tribunal con jueces subrogantes, según explicó Rubén Pontoriero, abogado de Fiscalía de Estado.
"A partir de la semana pasada el juez Benedicto Correa decidió poner fin a una parte de la etapa crucial, que es la etapa de investigación, y elevó a juicio a ocho procesados por los delitos que fueron imputados oportunamente", informó Pontoriero.
"Esto significa que no hay más recursos que presentar y que pasamos a la segunda etapa que es la mpás importante, que es la etapa del juicio, que es donde está el contradictorio y es donde en definitiva a través de una audiencia oral y pública se va a resolver esta cuestión", advirtió.
Sin embargo, aunque estimó que la fecha tentativa del juicio oral podría ser en el primer semestre de 2019, no hay precisiones. "No hay fecha porque no hay tribunal todavía. Desgraciadamente por la cantidad de excusaciones y recusaciones que sufrió la causa, hoy en la Cámara Penal que tiene que entender en esto ningún juez podría ser parte de este tribunal", lamentó.
"Entonces habrá que aplicar la ley de subrogancias que está contenida en la Ley Orgánica de Tribunales y a través de ello buscar en jueces de primera instancia quienes puedan constituir tribunal en juicio", sostuvo Pontoriero.
"Entre los imputados está el doctor Graffigna, el doctor Horacio Alday, la ex jueza Marún de Sobelvio, el ex juez Carlos Macchi, tres peritos -Videla, Bustos y Quiroga- y Ana María Melvin que era la perito de Fiscalía de Estado", enumeró el letrado.
"Esto se trataba de una ficción jurídica, eran todos procesos armados, que en definitiva necesitaba el aporte típico de cada uno de los imputados para llegar a una sentencia que multiplicaba por 10, por 100 por 1.000 los valores", aseguró Pontoriero.
"Era una estafa orquestada de principio hasta el fin", concluyó.
